Codelco recibe aprobación para cuota de litio en acuerdo con SQM pese a críticas desde el Congreso
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó la solicitud presentada por Minera Tarar SpA, empresa filial de Codelco, para fijar una extracción máxima inicial de 2.500.000 toneladas de litio metálico equivalente (LME) entre 2031 y 2060. Esta autorización representa un avance fundamental para la continuidad operativa de la alianza entre Codelco y SQM en el Salar de Atacama.
Minera Tarar forma parte del acuerdo histórico que permite a Codelco participar en la explotación del litio junto a SQM a través de SQM Salar. La aprobación de la CChEN permitirá que las operaciones transiten sin interrupciones desde los permisos vigentes hasta 2030 bajo SQM Salar hacia la gestión directa de Codelco desde 2031 hasta 2060.
Desde Codelco indicaron que el límite actual podría incrementarse hasta 3.018.507 toneladas anuales si se presenta un informe respaldado por la Resolución de Calificación Ambiental correspondiente. En ese escenario, se podrían producir y comercializar hasta 330 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente durante tres décadas. Además, se autorizó adelantar parte de la extracción desde enero de 2029 para mitigar posibles caídas productivas derivadas del desfase entre la obtención de salmuera y la venta del producto final.
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, calificó esta decisión como “una excelente noticia para Chile” y destacó el profesionalismo y rigor técnico con que se evaluó la solicitud por parte de la comisión.
Sin embargo, este avance ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos políticos. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe que recomienda terminar con el acuerdo entre Codelco y SQM debido a presuntas pérdidas fiscales y falta de transparencia en el proceso. El documento señala que al no realizarse una licitación pública internacional, el Estado perdió una oportunidad inmediata de recibir aproximadamente US$6.700 millones.
El informe también critica a las empresas involucradas y a Corfo por lo que considera una “mala fe pública” respecto al manejo del periodo transitorio entre el término del contrato con SQM y la llegada de una nueva empresa. Por ello, se propone revisar y ampliar la consulta indígena vinculada al proyecto, además de convocar a una licitación pública abierta e internacional para garantizar mayor transparencia y beneficios para el país.