Codelco y Rio Tinto acuerdan asociación para explotar el Salar de Maricunga, generando controversia
Codelco anunció la creación de una sociedad conjunta con Rio Tinto para la explotación del Proyecto Paloma en el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama. Bajo este acuerdo, la minera estatal mantendrá el 50,01% del capital accionario, mientras que Rio Tinto recibirá el 49,99% a cambio de una inversión estimada en hasta 900 millones de dólares. El directorio de Codelco aprobó esta asociación tras negociaciones iniciadas en 2024, con un cierre final previsto para el primer trimestre de 2026.
El Salar de Maricunga se destaca por ser el segundo mayor reservorio mundial de litio por concentración y volumen. Sin embargo, la decisión ha sido objeto de críticas por parte de expertos y comunidades indígenas. El geólogo José Cabello señaló que ceder casi la mitad del proyecto a una empresa privada representa una pérdida significativa para Chile, especialmente considerando las condiciones privilegiadas del yacimiento y su cercanía a puertos que facilitan la exportación.
Desde el punto de vista legal, el economista y abogado Julián Alcayaga advirtió que esta alianza podría ser inconstitucional, ya que la legislación vigente reserva al Estado la propiedad sobre los recursos minerales como el litio y establece que cualquier concesión debe realizarse mediante ley. Además, la comunidad Colla Paiote manifestó su preocupación por la ausencia de un proceso adecuado de consulta indígena previo a la firma del acuerdo y por los posibles impactos ambientales y culturales asociados al proyecto.
Rio Tinto, con amplia experiencia internacional en minería y proyectos de litio, destacó su compromiso con el desarrollo tecnológico y sostenible del proyecto. Por su parte, Codelco defendió esta alianza como parte de su estrategia para diversificar su producción hacia minerales clave para la transición energética. No obstante, el debate sobre la constitucionalidad del acuerdo y los derechos indígenas continúa abierto, mientras se espera una resolución judicial pendiente relacionada con demandas ambientales y sociales en la zona.