Conflicto legal y cierre de Huachipato marcan el fin de una era en la siderúrgica chilena
En agosto de 2024, la compañía siderúrgica CAP anunció oficialmente el cierre de su emblemática planta en Huachipato, ubicada en Talcahuano, Chile. La decisión se hizo efectiva en septiembre del año anterior y culminó en octubre con la extinción de su tradicional llama industrial, marcando el fin de una historia de décadas en la producción de acero.
El cierre no solo significó el cese de operaciones, sino que también desencadenó una serie de conflictos legales con su principal cliente y socio comercial durante años: Molycop. La relación entre ambas empresas se tornó adversarial tras desacuerdos económicos relacionados con la venta de barras de acero, lo que llevó a CAP a presentar una querella por estafa y a iniciar un proceso arbitral por incumplimiento contractual.
Molycop, con sede en Estados Unidos y presencia en Chile, fue durante años el principal comprador de Huachipato, adquiriendo aproximadamente el 70% de su producción para fabricar bolas de molienda destinadas principalmente al sector minero. Sin embargo, las tensiones surgieron cuando ambas compañías protestaron por la entrada al mercado chileno de productos provenientes de China, acusando dumping y solicitando medidas arancelarias que afectaron sus negociaciones.
Tras la aplicación de sobretasas antidumping en abril de 2024, las relaciones comerciales se deterioraron aún más. La disputa escaló cuando Molycop presentó una demanda arbitral contra CAP por aproximadamente ocho millones de dólares, alegando cobros excesivos por parte del fabricante. En respuesta, CAP interpuso una contrademanda reclamando pagos superiores a esa cantidad.
Mientras avanzaba el proceso arbitral, CAP presentó además una querella por estafa contra Molycop, acusándola de adquirir inventarios en liquidación tras el cierre sin intención real de pago. La acción penal busca presionar a la empresa norteamericana ante lo que consideran un incumplimiento intencionado. Hasta ahora, Molycop ha rechazado las acusaciones y sostiene que los conflictos corresponden a diferencias comerciales propias del proceso arbitral.
El caso continúa en etapa probatoria y se espera que las resoluciones definitivas se conozcan a mediados del próximo año. La disputa refleja las complejidades del sector siderúrgico chileno y las tensiones derivadas del contexto internacional y las políticas comerciales que afectan a la industria local.