Contraloría revela irregularidades en varias instituciones públicas y municipales en Chile
La Contraloría General de Chile ha presentado un amplio informe que expone diversas irregularidades en distintas instituciones públicas, municipios y universidades del país. Aunque el caso más mediático continúa siendo el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, el organismo fiscalizador ha detectado problemas en al menos cinco áreas adicionales que afectan la gestión estatal.
Uno de los casos más destacados involucra al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien fue señalado por irregularidades relacionadas con gastos electorales en su gobernación. La revisión encontró pagos superiores a los 31 millones de pesos destinados a asesorías que, en realidad, estaban vinculadas a la campaña electoral y a la contingencia política. La situación ha llevado a algunos consejeros regionales a solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones, mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente analiza el caso.
Por otro lado, la Universidad del Bío-Bío enfrentó una serie de fallas administrativas y financieras, incluyendo una deuda millonaria y transferencias irregulares desde fondos destinados a proyectos académicos. La Contraloría ordenó un sumario interno y la intervención de la Superintendencia de Educación para esclarecer las irregularidades detectadas entre 2020 y 2023. Además, se evidenció que algunas contrataciones se realizaron con empresas vinculadas a familiares de directivos.
En el ámbito municipal, se detectaron incumplimientos en los Planes Comunales de Seguridad Pública en un 90% de las municipalidades del país. Muchas comunas no han presentado documentación requerida o tienen planes vencidos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad social y delictual en varias regiones. También se identificaron retrasos en la remisión de actas de los consejos comunales y otros incumplimientos relacionados con la seguridad pública local.
Estos hallazgos reflejan un escenario complejo para la administración pública chilena, donde las fiscalizaciones buscan fortalecer la transparencia y corregir prácticas que afectan la eficiencia del Estado. La Contraloría ha dispuesto que muchas de estas irregularidades sean remitidas a instancias judiciales y administrativas para su debido seguimiento y sanción.