Controversia en La Moneda por manejo del caso de narcoaviadores en la Fuerza Aérea
En los últimos días, dos casos relacionados con narcotráfico han sacudido a las Fuerzas Armadas chilenas, lo que llevó al Presidente Gabriel Boric a convocar a los comandantes en jefe, junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Sin embargo, esta reunión desencadenó una controversia en La Moneda.
El primer caso involucra a funcionarios del Ejército detenidos por su presunta participación en una banda que introducía droga desde el norte del país hacia la Región Metropolitana. En el operativo se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base, valorados en aproximadamente tres mil millones de pesos, según informó Carabineros.
Posteriormente, se reveló un segundo caso en la Fuerza Aérea de Chile (FACH), donde cinco exfuncionarios fueron acusados de transportar drogas hacia la capital. A diferencia del primer caso, este fue detectado por inteligencia interna de la FACH, que inicialmente se negó a entregar antecedentes a la Fiscalía, argumentando competencia exclusiva de la justicia castrense.
Tras la reunión con el Presidente Boric, la FACH comunicó que el Fiscal de Aviación decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá para su investigación. Esta acción ha generado interrogantes sobre si hubo una instrucción presidencial directa para trasladar la causa a la justicia ordinaria.
El ministro Cordero explicó que esta medida responde al artículo 19 del Código Procesal Penal para asegurar que la Fiscalía disponga de toda la información necesaria. Sin embargo, la ministra Delpiano negó que existiera tal instrucción por parte del Mandatario.
En el Congreso, el comandante en jefe de la FACH, general Hugo Rodríguez, calificó las acciones de los exfuncionarios como una “traición a la patria” y justificó la demora en entregar antecedentes al Ministerio Público como resultado de un análisis exhaustivo para evitar errores. Además, negó haber recibido alguna orden directa del Presidente.
El debate político se ha centrado en si el Presidente tiene facultades para instruir investigaciones judiciales, con parlamentarios y expertos señalando que esto podría constituir una presión indebida sobre las instituciones y vulnerar la separación de poderes. La senadora Luz Ebensperger enfatizó que las disputas jurisdiccionales deben ser resueltas por tribunales, no por el Ejecutivo.
Por su parte, el académico Matías Insunza explicó que el Mandatario solo hizo referencia a un artículo legal vigente sin emitir una orden directa. El tema mantiene preocupada a la clase política ante el riesgo de replicar situaciones problemáticas observadas en otros países, según advirtió el exministro Jorge Burgos.