Controversias y desafíos en la tramitación de la Ley de Inteligencia en Chile
La vinculación de miembros del Ejército y la Fuerza Aérea con actividades relacionadas al tráfico de drogas y posibles conexiones con el crimen organizado ha puesto en evidencia las debilidades en los controles internos y la seguridad fronteriza. Estos hechos han impulsado nuevamente la discusión sobre la Ley de Inteligencia, cuyo objetivo es fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado.
El presidente Gabriel Boric convocó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para analizar estos casos, calificados por las autoridades como “graves y complejos”. En respuesta, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció un aumento en las medidas de control, incluyendo mayor inteligencia y contrainteligencia en zonas clave, así como rotación del personal para evitar vulnerabilidades.
En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el Ejecutivo realizará ajustes legislativos al proyecto de Ley de Inteligencia, actualmente en comisión mixta tras divergencias en el Senado. Esta normativa se encuentra en tramitación desde 2018 y ha sido objeto de múltiples modificaciones e indicaciones durante el actual gobierno, especialmente tras episodios que evidenciaron falencias en la información proporcionada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
El debate sobre la creación de una figura coordinadora o “zar” de inteligencia surgió tras críticas a la ANI por su incapacidad para anticipar eventos relevantes. Sin embargo, tras el escándalo conocido como caso Monsalve y cuestionamientos sobre posibles abusos en el uso de información confidencial, esta propuesta quedó seriamente cuestionada. La discusión continúa mientras los parlamentarios y autoridades buscan dotar al sistema con herramientas más efectivas para prevenir infiltraciones criminales dentro de las instituciones militares y fortalecer la contrainteligencia.