Corea del Sur ratifica el Convenio de La Haya para proteger las adopciones internacionales
En un paso decisivo hacia la protección de los derechos infantiles, Corea del Sur ha ratificado oficialmente el Convenio de La Haya sobre Adopciones Internacionales. La medida, que entrará en vigor el 1 de octubre, responde a décadas de controversias y denuncias por fraudes, abusos y registros falsificados en el sistema de adopciones del país.
El anuncio fue realizado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud y Bienestar Social, quienes señalaron que la decisión marca un cambio sustancial en la política adoptiva, centrado en garantizar procesos legales, éticos y transparentes. La ratificación implica que las adopciones internacionales solo se autorizarán cuando no existan opciones en el país de origen y siempre priorizando el interés superior del menor, bajo supervisión del comité especializado.
Este acuerdo internacional obliga a Corea del Sur a fortalecer la vigilancia estatal sobre las agencias privadas que gestionan las adopciones, además de centralizar los registros para facilitar la búsqueda de raíces por parte de los adoptados adultos. La legislación interna también ha avanzado en la transferencia de archivos desde agencias privadas al Centro Nacional de Derechos del Niño, con el objetivo de esclarecer historias familiares y corregir errores históricos.
Históricamente, durante las décadas de los 70 y 80, Corea envió miles de niños al extranjero en un contexto marcado por políticas poco reguladas y una percepción social que favorecía las adopciones como solución a problemas económicos y sociales. Sin embargo, investigaciones recientes han evidenciado prácticas abusivas, falsificación de documentos y trata infantil que ahora están siendo abordadas con reformas profundas y mayor control estatal.
Expertos consideran que esta ratificación representa un avance importante en la reparación moral y legal para muchas familias afectadas. No obstante, persisten desafíos relacionados con la revisión y reparación histórica ante los casos documentados por comisiones oficiales y medios internacionales, que señalan la complicidad del Estado en un sistema plagado de irregularidades durante varias décadas.