Corte de Apelaciones de Santiago mantiene arresto domiciliario total a Daniel Jadue: análisis de una medida cuestionada
El 26 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total contra Daniel Jadue, revocando así la resolución previa del Tercer Juzgado de Garantía que había autorizado un arresto nocturno. Esta decisión ha sido interpretada por expertos legales como un síntoma más del uso político y persecutorio que estaría sufriendo el proceso judicial en su contra, alejándose de los principios constitucionales y garantistas del debido proceso.
A pesar de una investigación que se extiende por más de tres años, sin evidencias actuales de riesgo procesal y con una conducta colaborativa por parte del imputado, la justicia chilena optó por mantener una medida considerada extrema y desproporcionada. Según el artículo 140 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva debe basarse en antecedentes sólidos que justifiquen la existencia del delito y la necesidad real de la medida para asegurar el proceso o proteger a las partes involucradas. Sin embargo, en este caso, no se identifican riesgos concretos que justifiquen esta restricción.
Además, la Corte fundamentó su decisión principalmente en la gravedad y multiplicidad de los cargos imputados, argumento que contradice el principio constitucional de presunción de inocencia. La aplicación de medidas cautelares no puede sustentarse en juicios anticipados sobre culpabilidad ni en situaciones que ya no se mantienen, como reconoció inadvertidamente la propia resolución al referirse a la influencia pasada del acusado. La ausencia de un análisis detallado sobre los impactos personales y familiares del arresto domiciliario también ha sido criticada por vulnerar el derecho a una fundamentación adecuada.
Este caso refleja un patrón regional donde el sistema judicial es utilizado para deslegitimar a líderes políticos progresistas mediante procesos judiciales prolongados y medidas cautelares excesivas. La decisión reciente no solo plantea dudas jurídicas sino que también representa un desafío para el Estado de Derecho en Chile, instando a las instancias superiores y a la sociedad civil a actuar para garantizar el respeto a las garantías fundamentales y evitar el uso político del poder judicial.