Corte Suprema confirma condena a Cristina Fernández en causa Vialidad y la inhabilita para cargos públicos
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha confirmado la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner en el marco del caso Vialidad. La decisión, que quedó firme, implica que la exmandataria no podrá participar en futuras elecciones ni acceder a cargos políticos, además de poder solicitar prisión domiciliaria debido a su edad. La sentencia se basa en pruebas que evidencian irregularidades en contratos de obras públicas en Santa Cruz durante su gestión presidencial.
Este fallo marca un hecho sin precedentes al condenar a una expresidenta por delitos relacionados con corrupción. La defensa de Fernández, de 72 años, ha cuestionado la imparcialidad del proceso y ha denunciado una persecución política. Sin embargo, los jueces sostuvieron que la sentencia se fundamenta en pruebas sólidas y en el marco legal vigente, garantizando el debido proceso.
El impacto político es significativo. La líder del Partido Justicialista y exvicepresidenta entre 2019 y 2023, enfrentará ahora un escenario donde su liderazgo puede verse afectado y su influencia dentro del peronismo podría disminuir. Analistas consideran que esta condena podría fortalecer a sus rivales internos y modificar el panorama electoral del país. La noticia fue recibida con muestras de apoyo y preocupación en diferentes sectores políticos y sociales, mientras que el presidente Javier Milei celebró la decisión como un logro judicial.
En el ámbito judicial, además de Fernández, fueron condenados Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti por delitos relacionados con sobreprecios y adjudicaciones irregulares. La investigación se centró en determinar si Báez fue favorecido con obras públicas financiadas con fondos nacionales entre 2003 y 2015, mediante mecanismos opacos que permitieron desvíos y pagos indebidos. La sentencia también resolvió sobre otros implicados, algunos absueltos por falta de pruebas o prescripción del delito.