Corte Suprema respalda dictamen de Contraloría sobre reclamaciones de funcionarios a contrata
En una decisión dividida, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana contra un dictamen de la Contralora General, Dorothy Pérez. El pronunciamiento establece que la Contraloría se abstendrá de revisar reclamaciones presentadas por funcionarios a contrata que invoquen la “confianza legítima” como fundamento para su estabilidad laboral.
El conflicto surge por diferencias entre la Contraloría y la Corte Suprema respecto al número de renovaciones contractuales necesarias para consolidar esta confianza legítima: mientras el órgano fiscalizador reconoce este derecho tras dos renovaciones consecutivas, el máximo tribunal exige cinco. Esta discrepancia ha generado incertidumbre para miles de trabajadores públicos que han visto vulnerados sus derechos laborales.
La ministra Adelita Ravanales y el abogado integrante José Valdivia votaron en contra del fallo, argumentando que el dictamen es ilegal y arbitrario porque priva a la Contraloría de una competencia claramente establecida en la ley. En su opinión, la existencia de litigios judiciales no exime al órgano fiscalizador de cumplir con su deber de supervisar y proteger los derechos de los funcionarios públicos.
Con esta resolución, se cierra una vía administrativa para que los trabajadores a contrata impugnen cesaciones anticipadas o negativas de renovación contractual, obligándolos a acudir directamente a tribunales. Además, el caso pone en debate el alcance del rol de la Contraloría frente a interpretaciones jurídicas divergentes y plantea desafíos sobre cómo garantizar efectivamente los derechos laborales en el sector público.