Desarticulan red que defraudó $750 millones del Gobierno Regional Metropolitano con talleres falsos de zumba y sobreprecios
La Fiscalía Metropolitana Oriente reveló una compleja investigación que destapó un fraude por más de $750 millones en perjuicio del fisco, relacionado con fondos destinados al Gobierno Regional Metropolitano durante la administración de Felipe Guevara. Seis personas fueron formalizadas por adjudicarse recursos públicos mediante proyectos deportivos ficticios, principalmente talleres masivos de zumba, spinning y entrenamiento funcional.
Según los antecedentes oficiales, los imputados crearon una estructura con varias organizaciones, entre ellas la ONG RCKLT, la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida y la Corporación Patrimonial Historias Nuestras, para presentar proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que nunca se ejecutaron. Además, utilizaron empresas relacionadas para emitir facturas falsas y desviar fondos. Los roles dentro de esta red estaban claramente definidos: Jorge Arcos Gatica era el líder y tesorero, mientras que Manuel Zapata Vergara manejaba los retiros en efectivo y las triangulaciones bancarias.
El modus operandi incluía la realización de giros millonarios sin justificación, compras a sobreprecio y adquisición de bienes como camionetas Peugeot pagadas en efectivo para luego ser arrendadas a las mismas organizaciones implicadas. Por ejemplo, se detectaron márgenes superiores a $27 millones en transacciones infladas de equipos como transpaletas y contenedores. También se registraron ventas con sobreprecio de enfardadoras a través de una empresa vinculada a uno de los imputados.
El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para cuatro acusados clave: Jorge Arcos, Manuel Zapata, Jaime Bravo Puentes y Jorge Castillo Urrutia. Los otros dos imputados quedaron con medidas cautelares menos restrictivas. La defensa sostiene que los talleres se realizaron realmente y que los precios correspondían a valores de mercado. Sin embargo, el fiscal adjunto Miguel Ángel Orellana destacó la coordinación entre los imputados para asegurar la aprobación de proyectos y el posterior desvío sistemático de recursos públicos hacia su patrimonio personal.