El gobierno reduce su apoyo histórico a las organizaciones sin fines de lucro, generando incertidumbre en el sector
En Laguna Beach, California, Dawn Price, directora ejecutiva de Friendship Shelter, enfrenta un desafío creciente: la interrupción temporal de fondos federales destinados a financiar viviendas para personas en situación de vulnerabilidad. Esta situación refleja una tendencia más amplia impulsada por la administración Trump, que ha congelado y recortado múltiples programas sociales financiados por el gobierno federal.
Durante décadas, el gobierno estadounidense ha sido un socio fundamental para las organizaciones sin fines de lucro, proporcionando recursos que permiten atender necesidades comunitarias desde vivienda hasta asistencia alimentaria. Sin embargo, los recientes recortes y congelamientos presupuestarios han generado una crisis de financiamiento que amenaza la estabilidad y continuidad de estos servicios.
Un estudio del Urban Institute reveló que en 2021 se otorgaron aproximadamente 267 mil millones de dólares en subvenciones gubernamentales a organizaciones sin fines de lucro a nivel federal, estatal y local. No obstante, este sistema está siendo desmantelado rápidamente, lo que ha llevado a muchas entidades a reducir personal, modificar programas o recurrir a reservas financieras para continuar operando.
En Orange County, una región con alta desigualdad económica y costos elevados de vida, la dependencia del financiamiento público es notable. A pesar del aumento en donaciones privadas y esfuerzos filantrópicos como los del Samueli Foundation, expertos y líderes del sector coinciden en que estos aportes no son suficientes para compensar los recortes gubernamentales. La incertidumbre respecto al futuro de los fondos públicos genera preocupación sobre el impacto social y la capacidad de respuesta ante las necesidades crecientes.