El Salvador mantiene régimen de excepción y enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos
El Salvador continúa bajo un régimen de excepción instaurado en marzo de 2022 como respuesta a la violencia pandillera, medida que el gobierno atribuye a la reducción significativa de homicidios y recuperación de territorios. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado miles de casos de violaciones, malos tratos y torturas en cárceles, así como la utilización del estado de excepción para silenciar voces críticas al presidente Nayib Bukele.
Desde la implementación del régimen, se contabilizan más de 87.000 detenciones relacionadas con pandillas, con reportes de detenciones arbitrarias y más de 400 muertes bajo custodia estatal. Activistas y defensores sostienen que esta medida ha trascendido su propósito inicial y se ha convertido en un instrumento político para controlar el descontento social, generando miedo entre la población para manifestarse o protestar.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos han señalado un aumento alarmante en la persecución y criminalización de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Además, se han documentado prácticas de tortura física y psicológica en centros penitenciarios, incluyendo testimonios que describen métodos coercitivos para obtener confesiones vinculadas a pandillas.
En este contexto, El Salvador figura junto a países con alto riesgo de tortura según la Organización Mundial Contra la Tortura. La situación plantea serias preocupaciones sobre el respeto al Estado de derecho y los derechos fundamentales en el país centroamericano.