Ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol enfrenta nueva detención por orden de arresto en caso de ley marcial
Seúl – El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue enviado nuevamente a un centro de detención luego que un tribunal de Seúl emitiera una orden de arresto en su contra, cuatro meses después de haber sido liberado. La medida judicial se relaciona con su controvertida imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que derivó en una acusación formal por dirigir una rebelión, delito que puede ser penado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Las autoridades justificaron la orden de arresto debido a temores de que Yoon pudiera destruir pruebas, lo que podría prolongar su estancia en prisión mientras se investigan cargos adicionales. El ex mandatario defendió su decreto como una acción necesaria para detener a sus opositores liberales, a quienes acusó de abusar de su mayoría legislativa para bloquear su agenda. Sin embargo, la ley marcial duró apenas unas horas, hasta que un quórum parlamentario logró superar el bloqueo militar y revocar la medida.
Yoon es el primer presidente surcoreano en ser arrestado, liberado y detenido nuevamente en un corto período. Su caída comenzó tras una redada en su residencia oficial el 15 de enero por parte de investigadores anticorrupción. Posteriormente fue acusado formalmente por intento ilegal de tomar el control del Legislativo y detener a adversarios políticos.
El caso ahora está bajo la dirección del fiscal especial Cho Eun-suk, quien ha solicitado la orden de arresto por cargos adicionales como obstrucción a funciones oficiales, abuso de poder y falsificación de documentos relacionados con la ley marcial. Entre las acusaciones también figura la supuesta eliminación de registros electrónicos vinculados a comunicaciones secretas con mandos militares y el uso irregular de fuerzas presidenciales para impedir su detención inicial.
La defensa niega todas las imputaciones y denuncia motivaciones políticas detrás del proceso. Mientras tanto, Yoon deberá adaptarse a las condiciones carcelarias comunes, incluyendo confinamiento en celda individual y pérdida de privilegios presidenciales. Su detención podría extenderse durante meses mientras se tramitan las investigaciones y posibles nuevas imputaciones, con un juicio complejo y prolongado por delante.