PUNTOUNO

En una operación que ha impactado a cientos de miles, Pakistán ha ordenado la expulsión inmediata de aproximadamente un millón de afganos en los últimos meses, en medio de una campaña contra extranjeros considerados ilegales. La medida, que obliga a las familias a abandonar sus hogares en solo minutos u horas, ha provocado una crisis humanitaria en la frontera, especialmente en el campamento de Torkham, donde los refugiados llegan en condiciones precarias.

Muchos de los expulsados, como Sher Khan, un afgano de 42 años originario de Kabul, enfrentan la pérdida total de sus pertenencias tras ser forzados a salir sin tiempo suficiente para recoger sus bienes. La política migratoria del gobierno pakistaní, que establece plazos estrictos para diferentes categorías de refugiados afganos, busca reducir su presencia en el país alegando preocupaciones de seguridad y estabilidad interna. Sin embargo, las organizaciones humanitarias advierten sobre el impacto negativo y la vulnerabilidad creciente de estos desplazados.

En Torkham, las autoridades afganas bajo el gobierno talibán ofrecen asistencia básica y facilitan la llegada de las familias expulsadas, muchas de las cuales intentan reconstruir sus vidas en Kabul u otras zonas del país. La situación se prevé aún más difícil tras el fin del Eid Al-Adha, cuando se espera un aumento significativo en el flujo de refugiados. Organizaciones como Aseel trabajan para brindar apoyo en alimentación y salud, aunque alertan sobre la insuficiencia de recursos para atender la magnitud del problema.

Pakistán niega que su política tenga como objetivo hostigar a los afganos y sostiene que trata a todos con dignidad. No obstante, las denuncias por violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y confiscación de documentos, continúan creciendo. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas expulsiones afectan a una población vulnerable que ya enfrenta desafíos en su país natal y en los países vecinos.