Fuga de sicario revela deficiencias en sistema penitenciario, judicial y control fronterizo en Chile
La reciente fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández, alias Osmar Ferrer, presunto asesino del denominado “Rey de Meiggs” ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, ha puesto al descubierto serias falencias en el sistema penitenciario chileno, así como en los controles judiciales y fronterizos. Apenas dos días después de su liberación por orden judicial desde el penal Santiago 1, Mejía logró salir del país sin ser detectado.
Tras abandonar el recinto penitenciario, Mejía se trasladó inicialmente hacia Estación Central, un nodo clave del transporte capitalino. Desde allí contrató un servicio privado mediante una aplicación móvil, pagando una suma cercana a los 2.500.000 pesos en efectivo, lo que pone en evidencia la planificación y recursos involucrados en su escape.
Su ruta continuó hacia el norte del país, llegando primero a Iquique y luego a Arica. En esta última ciudad optó por cruzar la frontera con Perú por un paso no habilitado cerca de Chacalluta, una zona reconocida por su difícil control y uso frecuente para cruces irregulares. Este trayecto irregular incluye el uso de taxis clandestinos que cobran entre 150.000 y 500.000 pesos para facilitar el tránsito hacia territorio peruano, específicamente hacia Tacna.
Expertos señalan que Mejía estaría vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, con presencia tanto en Perú como en Chile a través de células como Los Gallegos. Se presume que su fuga fue coordinada con apoyo externo. Autoridades y académicos han destacado que este caso refleja fallas graves en los procesos judiciales y penitenciarios.
El director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, admitió errores e imprecisiones en las órdenes judiciales que permitieron la liberación del imputado y anunció medidas para evitar futuros incidentes similares. Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia informó que se solicitó a Gendarmería realizar una verificación cruzada mediante registros biométricos para mejorar la identificación de personas privadas de libertad.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó las limitaciones legales para actuar frente a órdenes judiciales y subrayó la complejidad del desafío dada la alta cantidad de extranjeros en prisión preventiva o condenados en Chile. Actualmente existen más de 13 mil solicitudes pendientes para registro biométrico obligatorio instaurado recientemente.
Ante este escenario, las autoridades convocaron una reunión para definir estrategias que fortalezcan los controles migratorios y penitenciarios con el fin de evitar nuevas fugas de alta peligrosidad.