PUNTOUNO

El Gobierno de Chile anunció inicialmente que presentaría en diciembre el proyecto de ley denominado “aborto legal”, según lo expresado por el Presidente Gabriel Boric, quien optó por ese término en lugar de “aborto libre”. Sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que esta entrega se ha postergado porque aún no se ha concluido una primera etapa clave: la actualización del reglamento de la actual ley que permite el aborto en tres causales.

Esta demora se debe a que, aunque el Ejecutivo envió su propuesta de actualización a la Contraloría en mayo, recién esta semana recibió observaciones que deben ser consideradas. La reforma busca resolver vacíos que dificultan una atención rápida a las mujeres que solicitan interrupciones legales del embarazo, incluyendo garantizar que siempre haya personal médico no objetor de conciencia en los turnos de emergencia. Este punto ha generado rechazo en sectores conservadores, quienes argumentan que podría vulnerar derechos laborales.

Paralelamente, el Gobierno trabaja en conversaciones con parlamentarias para definir un proyecto que alcance el mayor consenso posible dentro del arco político favorable al aborto legal. No obstante, el Ejecutivo enfrenta una situación parlamentaria compleja: es minoría y debe superar una histórica resistencia conservadora al tema. La oposición incluye a partidos como Renovación Nacional, UDI y Republicanos, que ya manifestaron su rechazo.

La discusión sobre el aborto en Chile tiene una larga trayectoria marcada por intentos fallidos y fuertes tensiones políticas. Desde el retorno a la democracia se han presentado más de cuarenta iniciativas relacionadas con el tema, siendo la ley vigente desde 2017 que despenaliza el aborto solo bajo tres causales. Procesos constitucionales recientes también han reflejado esta división. En este contexto, lograr un acuerdo legislativo para ampliar o modificar las condiciones del aborto legal será un desafío significativo para La Moneda.