Gobierno presenta proyecto para unificar y controlar licencias médicas y reducir gastos fiscales
El Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone modificaciones al sistema de licencias médicas con el objetivo de optimizar su uso y asegurar la correcta aplicación del beneficio. La medida contempla, entre otros aspectos, la homologación de las condiciones de pago entre el sector público y privado, lo que permitiría un ahorro fiscal estimado en 300 millones de dólares anuales.
Actualmente, en el sector público el promedio de días por licencia médica es de 33, mientras que en el privado es de 10. En cuanto al período de carencia, para licencias menores o iguales a 10 días no se paga subsidio durante los primeros tres días, pero para licencias mayores a 11 días se abona desde el primer día. El proyecto propone reducir ese periodo de carencia a dos días para todo tipo de licencia por enfermedad o accidente común, aumentando así un día el subsidio para licencias cortas y estableciendo carencia también para las más largas.
Además, se establece que en el sector público la remuneración durante la licencia médica se calculará diariamente a partir del tercer día, tomando como base una trigésima parte del sueldo mensual bruto. También se considera que para efectos del cese por salud incompatible con el cargo se contabilicen los días con licencia médica rechazados cuando el funcionario haya hecho uso efectivo del reposo.
En materia de fiscalización, la propuesta fortalece las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para detectar posibles irregularidades mediante el acceso a datos compartidos por organismos públicos y privados. Esto incluye información sobre registros de transporte y actividades recreativas que puedan contradecir el reposo indicado. Asimismo, se crea un mecanismo especial para supervisar licencias prolongadas superiores a 180 días en un año, con la finalidad de prevenir usos indebidos del subsidio. Por último, se faculta a FONASA a solicitar revisiones específicas cuando existan indicios que justifiquen una fiscalización más exhaustiva.