PUNTOUNO

El Gobierno ha introducido un conjunto de modificaciones al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado, actualmente en su segundo trámite constitucional en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Aunque la flexibilización del alzamiento del secreto bancario para investigaciones por lavado de activos, crimen organizado y financiamiento del terrorismo ha sido el foco principal, las indicaciones presentadas van mucho más allá.

Entre las nuevas medidas se contemplan mayores requisitos de información para entidades financieras y reguladores como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio Nacional de Aduanas. Asimismo, se establecen reglas claras para el intercambio y protección de datos entre estas instituciones, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), atendiendo recomendaciones de la Fiscalía Nacional para preservar la confidencialidad de los informes financieros.

Las indicaciones también incluyen disposiciones para prevenir y detectar tempranamente ilícitos económicos, con énfasis en limitar la autorización de documentos tributarios cuando se identifique uso fraudulento, estableciendo plazos máximos y mecanismos de recurso para los contribuyentes. Además, se restablece el acceso sin autorización judicial a información bancaria para el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, corrigiendo vacíos heredados tras la fusión con la extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

En materia de juegos de azar, se aclaran definiciones legales y se fortalecen controles sobre máquinas y operadores para evitar que estos espacios sean usados como fachada para lavado de dinero. Finalmente, se amplían los criterios de idoneidad exigidos por la CMF a intermediarios financieros y se incorpora el delito de contrabando dentro del catálogo oficial de delitos económicos.