Gremio de retail financiero solicita exclusión de llamadas de cobranza en nuevos prefijos telefónicos para evitar spam
En agosto próximo entrará en vigor una nueva regulación que asigna prefijos telefónicos específicos para distinguir llamadas comerciales no solicitadas y solicitadas, con el objetivo de que los usuarios puedan identificar y evitar el spam telefónico y prevenir fraudes. Según la resolución publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en febrero, las llamadas comerciales no solicitadas deberán usar el prefijo 809, mientras que las autorizadas por los usuarios tendrán el prefijo 600.
Sin embargo, la Asociación de Retail Financiero ha expresado su preocupación respecto a la aplicación de esta norma a las llamadas de cobranza. En una carta dirigida a la Subtel, el gremio solicita una aclaración administrativa que excluya explícitamente estas llamadas del ámbito regulatorio, argumentando que incluirlas podría generar confusión entre los consumidores al equiparar la cobranza legítima con comunicaciones publicitarias no deseadas.
El gremio sostiene que las gestiones de cobranza son individualizadas y orientadas a asegurar el cumplimiento de obligaciones contractuales específicas, sin fines promocionales ni masivos. Señalan que aplicar esta regulación a estas llamadas podría afectar negativamente la cadena de pagos y la estabilidad financiera, ya que dificultaría la recuperación de activos y pondría en riesgo el acceso al crédito para los usuarios.
Desde una perspectiva operativa, la imposición del nuevo sistema implicaría costos adicionales y ajustes tecnológicos innecesarios para las empresas, además de inducir percepciones erróneas entre los destinatarios. La Asociación destaca que la cobranza está regulada por normativas específicas supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las cuales establecen límites claros sobre contenido, frecuencia y horarios para proteger a los consumidores. Por ello, consideran que someter estas llamadas a regulaciones diseñadas para comunicaciones masivas podría deslegitimar el proceso de cobranza y afectar la confianza en el sistema financiero chileno.