Informe de Contraloría revela descontrol en gestión fiscal del Estado chileno con sobrepaso de 1,5 billones de pesos en irregularidades
La Contraloría General de la República ha presentado un informe que revela un preocupante nivel de desorganización en la gestión fiscal del Estado chileno. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, se detectaron irregularidades que superan los 1,5 billones de pesos, reflejando una serie de fallas sistemáticas en la administración pública.
El documento, entregado al Congreso y basado en 792 acciones de fiscalización, evidencia errores en el cumplimiento normativo, contratos sin respaldo legal, deficiencias en la rendición de cuentas y un manejo ineficiente de fondos públicos. Las principales problemáticas incluyen incumplimientos contables por más de 359 mil millones de pesos, errores contractuales por 328 mil millones y deficiencias en la gestión y control financiero que alcanzan los 316 mil millones.
Las auditorías también identificaron prácticas recurrentes que afectan la ejecución presupuestaria, como sobredimensionamiento de ingresos, registros contables incompletos y desviaciones en el uso de recursos específicos. Además, se señalaron modificaciones contractuales sin justificación técnica, contratación directa irregular y omisión en controles establecidos por la ley. La falta de acciones posteriores por parte de las instituciones públicas agrava aún más la situación, dificultando la recuperación efectiva de los recursos mal gestionados.
En los gobiernos regionales se concentran más de 300 mil millones en observaciones, con casos emblemáticos en Tarapacá, Biobío y Los Ríos. Se detectaron transferencias sin garantías, rendiciones sin respaldo y uso indebido de fondos para actividades no autorizadas o sin control adecuado. Carabineros también figura con más de 150 mil millones objetados por pagos indebidos, manipulación inadecuada del armamento y remuneraciones irregulares a funcionarios.
Asimismo, delegaciones presidenciales y organismos como la Subsecretaría de Prevención del Delito muestran evidencias de sobrecostos, pagos duplicados y sistemas tecnológicos deficientes que no cumplen con sus funciones básicas. La fragmentación administrativa y la falta de supervisión generan un escenario donde el control efectivo resulta casi inexistente, poniendo en riesgo los recursos públicos y debilitando la confianza en las instituciones.