Juez de Garantía rechaza querella municipal por incendio de bus en cercanías del INBA
El pasado 16 de junio, la Municipalidad de Santiago presentó una querella criminal ante el tribunal, acusando a quienes resultaran responsables de los hechos ocurridos en las cercanías del INBA, donde un bus del sistema RED fue completamente destruido por un incendio provocado. La acción fue impulsada por el alcalde Mario Desbordes, quien expresó su rechazo a la decisión judicial y anunció que recurrirá a instancias superiores.
El juez Daniel Urrutia, a cargo del 7° Juzgado de Garantía, consideró que la municipalidad no cuenta con la facultad legal para presentar este tipo de denuncias, ya que las leyes establecen que esa función corresponde al Ministerio Público en delitos comunes. Según el magistrado, la normativa vigente limita la capacidad del municipio para actuar en causas penales relacionadas con hechos delictivos que requieren persecución autónoma.
Desde la administración comunal, Desbordes criticó duramente la resolución y calificó el fallo como injusto e incoherente. El alcalde recordó que en otras ocasiones similares, el propio tribunal ha admitido querellas presentadas por el municipio, incluso en casos relacionados con delitos contra la seguridad pública. Además, acusó al juez Urrutia de tener una postura parcial y de mostrar una actitud hostil hacia su gestión.
El episodio violento ocurrió en la mañana del 13 de junio, cuando un grupo de aproximadamente 30 estudiantes ingresó a un baño escolar, aumentó su número y comenzó a amenazar a otros alumnos con armas blancas. Luego, armaron bombas molotov y bloquearon calles cercanas antes de atacar un bus del recorrido J03 con proyectiles incendiarios, causando su destrucción total. Afortunadamente, no se registraron heridos graves en el incidente.
Ante esta situación, Desbordes reiteró su intención de apelar la decisión judicial y solicitó mayor imparcialidad y respeto por parte del sistema judicial hacia las acciones municipales en defensa de los vecinos y establecimientos educativos afectados por hechos de violencia.