Juez prohíbe usar veto migratorio para impedir ingreso de 80 refugiados ya aprobados
Un juez federal en Seattle impidió que la administración Trump utilice su veto migratorio para negar la entrada a 80 refugiados que ya habían sido revisados y aprobados para ingresar a Estados Unidos. En una resolución emitida el lunes por la noche, el juez Jamal Whitehead señaló que la orden presidencial de junio, que prohíbe la entrada desde 12 países, explícitamente no limita el derecho de las personas a solicitar estatus de refugiado.
El magistrado explicó que impedir el ingreso de refugiados contradice directamente los términos del decreto, pues restringiría su capacidad para buscar protección bajo esa condición. Por ello, ordenó que se reanude inmediatamente el procesamiento de estos 80 refugiados considerados presumiblemente protegidos, quienes habían sido rechazados bajo la aplicación del veto.
Además, Whitehead estableció un marco para que el gobierno pueda evaluar a refugiados provenientes tanto de los países afectados por la prohibición como de otros territorios, en respuesta a la suspensión abrupta del programa nacional de admisión de refugiados ordenada por Trump al asumir el cargo en enero.
La decisión judicial afecta a miles de refugiados que ya habían pasado por extensos procesos de revisión y esperaban comenzar una nueva vida en Estados Unidos, incluyendo familiares de militares en servicio activo y más de 1.600 afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses durante el conflicto bélico.
Varias personas refugiadas y organizaciones humanitarias demandaron al gobierno alegando además congelamiento de fondos destinados a ayuda. Posteriormente solicitaron convertir el caso en una demanda colectiva para proteger a otros afectados en situaciones similares. En mayo, Whitehead había considerado que la suspensión del programa violaba la intención legislativa del Congreso, que creó y financió dicho programa. Sin embargo, en marzo, un tribunal federal superior suspendió parcialmente esa orden judicial al reconocer la amplia autoridad presidencial sobre políticas migratorias.