La Corte IDH establece el derecho autónomo a un clima sano y fortalece la responsabilidad ambiental empresarial
En una resolución histórica emitida a principios de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció formalmente el derecho humano a un clima sano como un derecho autónomo, separado del derecho general a un ambiente sano. Esta decisión, solicitada por Chile y Colombia en 2023, representa un avance jurídico significativo que impactará las políticas públicas, la justicia ambiental y la regulación empresarial en la región latinoamericana.
La opinión consultiva de casi 300 páginas emitida por la Corte, con sede en San José, Costa Rica, establece que los Estados tienen tres responsabilidades fundamentales frente a la emergencia climática: respetar, garantizar y cooperar. Esto implica que los gobiernos deben evitar acciones que agraven la crisis climática, prevenir sus efectos, proteger a las comunidades vulnerables y trabajar conjuntamente a nivel regional, reconociendo las diferencias en responsabilidades históricas entre países.
Además, el fallo otorga autonomía jurídica al derecho a un clima sano, permitiendo que individuos, comunidades y organizaciones lo invoquen directamente en procesos legales ambientales. Este reconocimiento transforma demandas éticas previas en obligaciones legales concretas para los Estados y amplía las responsabilidades del sector privado. Las empresas deberán no solo respetar los derechos humanos relacionados con el ambiente, sino también reparar daños causados al clima y estar sujetas a vigilancia estatal para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones.
En Chile, organizaciones como la Fundación Terram valoraron esta resolución como un freno legal frente a retrocesos ambientales recientes. La Corte advierte que cualquier retroceso debe ser excepcional y justificado, limitando intentos de desmantelar avances bajo argumentos económicos o políticos. Expertos en sustentabilidad destacan que esta decisión exige a las empresas revisar sus modelos de gobernanza y estrategias para alinearlas con estándares jurídicos vinculantes en materia climática, consolidando así una responsabilidad activa y reparadora frente a la crisis ambiental.