Liberación del sicario Osmar Ferrer expone vulnerabilidades en el sistema judicial chileno
La reciente liberación del sicario Osmar Ferrer, de nacionalidad venezolana, ha generado una profunda incertidumbre respecto a las circunstancias que permitieron su salida de prisión, pese a estar formalizado por graves delitos. Un supuesto error de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería habría sido la causa directa de esta situación, cuando en realidad se pretendía corregir un error en la redacción del nombre del imputado.
Ante este escenario, la Corte de Apelaciones de Santiago anunció la apertura de una investigación administrativa y entregará los antecedentes a la Fiscalía, que ha designado a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para indagar el caso. El fiscal regional, Marcos Pastén, calificó el sistema como “absolutamente débil y vulnerable”, señalando que no se puede descartar ninguna hipótesis, incluida la posible comisión de delitos por parte de funcionarios.
Expertos en derecho y criminología han coincidido en que este episodio refleja deficiencias críticas en los protocolos y controles interinstitucionales. Gonzalo Lobos, académico de Derecho, destacó que el sistema procesal penal es frágil frente a delitos vinculados al crimen organizado por falta de revisiones rigurosas. Por su parte, Carlos Silva, criminólogo, enfatizó la preocupante ausencia de mecanismos robustos para evitar errores que pueden derivar en la liberación accidental de imputados peligrosos y alertó sobre el impacto negativo que esto genera en la confianza ciudadana.
El caso también pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer las comunicaciones y protocolos entre las instituciones involucradas para impedir que grupos criminales aprovechen estas vulnerabilidades. La situación ocurre en un contexto sensible marcado por recientes escándalos relacionados con narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que eleva aún más la preocupación sobre la integridad del sistema judicial y sus controles internos.