Magistrados presentan 12 recomendaciones clave para evitar excarcelaciones erróneas tras caso Sicario
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) remitió a la Corte Suprema un detallado informe con 12 observaciones críticas relacionadas con la tramitación penal, tras el polémico caso Sicario de Meiggs, donde un imputado fue excarcelado por error y permanece prófugo. El documento busca abordar las deficiencias que dificultan la corrección de resoluciones judiciales y mejorar la gestión documental.
El informe surge luego del anuncio de la presidenta subrogante del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, sobre la elaboración de un protocolo para implementar un sistema único de tramitación penal que garantice el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, minimizando espacios de discrecionalidad. Entre las principales problemáticas señaladas por la ANMM está la imposibilidad de corregir oficios sin dejar sin efecto las medidas cautelares originales, lo que genera una cadena confusa y riesgos operativos.
Además, los magistrados resaltaron que el sistema actual no permite verificar fácilmente si las notificaciones se han activado al firmar digitalmente, limitando la supervisión jurisdiccional. También criticaron que los documentos generados son en formato PDF no editable, obligando a rechazarlos para su corrección, lo cual incrementa las cargas administrativas. La falta de conexión directa con Gendarmería y la ausencia de controles biométricos en casos con RUT provisionales son otras falencias destacadas.
En respuesta, la ANMM propuso ocho medidas concretas, entre ellas habilitar edición controlada de oficios con trazabilidad, implementar alertas visibles sobre órdenes vigentes, establecer una plataforma única interconectada entre el sistema judicial y Gendarmería, incorporar verificación biométrica para imputados extranjeros sin documentos nacionales y capacitar adecuadamente al personal antes de implementar el sistema UNIJUD. También sugieren mejorar los tiempos de notificación y permitir la ejecución inmediata de revocaciones de penas sustitutivas mediante reformas legales.
Finalmente, los magistrados subrayaron que los casos relacionados con crimen organizado requieren estándares reforzados de control y seguridad para garantizar respuestas institucionales más precisas y efectivas.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago informó que una comisión ministerial está evaluando un nuevo diseño de responsabilidades para quienes intervienen en la elaboración y cumplimiento de resoluciones judiciales. Entre las medidas a corto plazo destacan la actualización urgente en capacitación del personal encargado y mejorar el flujo de información durante audiencias de control de detención para asegurar datos confiables sobre los imputados.