Más de 5 millones de vacunas vencidas entre 2021 y 2024 generan críticas y llamados a investigar en el Congreso
Entre 2021 y 2024, más de cinco millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y la influenza expiraron en Chile, según datos revelados a través de la Ley de Transparencia. Este hecho ha generado un intenso debate político y social, con críticas dirigidas hacia el Ministerio de Salud (Minsal) y llamados a profundizar las investigaciones sobre la gestión del stock y distribución.
De las 5.054.201 dosis vencidas, 3.078.385 correspondían a vacunas contra el coronavirus y 1.975.816 a aquellas destinadas a prevenir la influenza. Estas cifras se conocieron luego que se informara la pérdida de 1,2 millones de vacunas contra la influenza solo durante 2024, situación que motivó una investigación especial por parte de la Contraloría General de la República.
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), reconoció que existe un porcentaje natural de merma en campañas masivas, pero destacó que Chile mantiene altos índices vacunatorios reconocidos internacionalmente. Además, aclaró que parte del problema se originó con vacunas adquiridas por administraciones anteriores y por actualizaciones en las fórmulas que dejaron obsoletas algunas dosis.
Sin embargo, otros parlamentarios expresaron posturas más críticas. El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) cuestionó la eficiencia en el uso de recursos públicos y exigió respuestas claras ante Contraloría para esclarecer si hubo negligencia en los procesos. Andrés Celis (RN) calificó esta situación como una falla estructural grave en la planificación del Minsal, mientras María Luisa Cordero (Independiente-RN) tildó el manejo como “negligente y nefasto”.
Por su parte, Agustín Romero (Republicanos) vinculó las pérdidas a una muestra más de improvisación e irresponsabilidad con fondos públicos en un sistema sanitario ya tensionado por listas de espera y falta de insumos. Finalmente, Danisa Astudillo (PS) enfatizó que este escenario representa un daño directo al derecho a la salud y urgió implementar auditorías rigurosas y planes efectivos para optimizar el uso tanto del presupuesto como de las dosis disponibles.