Metro de Santiago reporta reducción del 90% en comercio ilegal tras prohibición de carros y “yeguas”
Metro de Santiago informó que la prohibición del ingreso de carros de supermercado y “yeguas” a sus instalaciones ha permitido reducir en un 90% el comercio ilegal en las estaciones más afectadas. Esta medida forma parte del Plan Integral de Seguridad que la empresa comenzó a implementar en 2022.
La compañía señaló que las visualizaciones de venta informal disminuyeron considerablemente en las 13 estaciones prioritarias. Además, las acciones para neutralizar estas actividades aumentaron un 32%, gracias al reforzamiento de patrullajes y la colaboración con Carabineros, que realizó más de 90 controles, con 22 decomisos y multas aplicadas.
El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, destacó la efectividad inicial de la medida, aunque advirtió que el comercio ilegal tiende a adaptarse, por lo que continuarán intensificando las labores de seguridad junto a las autoridades. Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, calificó los resultados como satisfactorios y resaltó una reducción del 25% en la detección general del comercio informal dentro de toda la red.
A pesar de estos avances, se han registrado episodios recientes de violencia que evidencian que los desafíos en materia de seguridad persisten. El plan integral, con una inversión superior a $95 mil millones, ha incorporado cerca de 2.000 efectivos, tecnología avanzada como video analítica con inteligencia artificial, cámaras corporales para el personal y puertas antivandálicas. También se han establecido convenios con municipios y otros organismos estatales para fortalecer la gestión.
Como resultado, las estaciones consideradas críticas bajaron de 16 a 12, con mejoras notables en Estación Central, Vespucio Norte y Universidad de Chile. Además, Metro valoró el proyecto de ley presentado por un grupo transversal de diputados que busca ampliar las facultades legales del personal de seguridad. Esta iniciativa está en primer trámite constitucional y contempla sanciones penales para quienes interrumpan operaciones o dañen infraestructura, facultades para retener objetos e infraccionar conductas incívicas, así como multas progresivas por reincidencia.