Movimiento No Más Víctimas denuncia abandono estatal y propone plan integral para mejorar la seguridad
El Movimiento No Más Víctimas, conformado por diversos actores de la sociedad civil, ha publicado un informe detallado sobre la crisis de seguridad en Chile. Este documento, titulado “Seguridad quebrada, justicia sin dientes y barrios sin defensa”, plantea una serie de propuestas orientadas a recuperar la presencia estatal y mejorar la protección a los ciudadanos frente al aumento de la delincuencia.
El director del movimiento, José Miguel González, enfatiza que el Estado llega tarde a brindar apoyo judicial y psicológico a las víctimas, por lo que es urgente recuperar el orden público mediante patrullajes coordinados, inversión en prevención y un trabajo conjunto con los municipios. Además, critica que las cifras oficiales no reflejan la realidad cotidiana, pues muchas personas dejan de denunciar debido a la falta de respuesta efectiva.
El informe se estructura en cinco ejes principales. Entre ellos destaca la necesidad de ampliar los indicadores para evaluar la seguridad, incorporando aspectos como el miedo ciudadano, el abandono estatal, las redes de autoprotección vecinal y la confianza local en las instituciones. También propone la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Territorial para dotar directamente a los municipios de recursos y modificar la legislación municipal para fortalecer sus facultades en materia preventiva.
Asimismo, plantea reformas profundas al sistema procesal penal para proteger testigos, reducir plazos y modernizar herramientas investigativas, así como crear una Defensoría de las Víctimas y endurecer sanciones penales para adolescentes infractores. Finalmente, el movimiento insiste en implementar un Plan Nacional de Recuperación Territorial que combata el control del narcotráfico en barrios vulnerables mediante leyes que sancionen actos públicos que legitimen estructuras criminales.
José Miguel González concluye que esta problemática no se resuelve solo con cifras ni mano dura, sino con una presencia estatal visible, reparación efectiva a las víctimas y una nueva forma integral de medir el impacto del delito en la vida cotidiana.