Mujeres en Chile se jubilan en promedio a los 62 años por primera vez, impulsadas por incentivos y cambios demográficos
En Chile, desde la instauración del sistema de capitalización individual en los años 80, la edad legal de jubilación no ha experimentado modificaciones, manteniéndose en 60 años para mujeres y 65 para hombres. Sin embargo, el aumento sostenido de la esperanza de vida ha generado un desfase entre la edad de retiro y el tiempo esperado de vida posterior a la jubilación, especialmente para las mujeres, quienes deben financiar su pensión por casi 31 años.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en mayo las mujeres se pensionaron en promedio a los 62 años, superando por primera vez la barrera de los 62 años desde que se registran estas estadísticas. En contraste, los hombres se jubilaron en promedio a los 65,6 años. Esta postergación del retiro femenino se vincula principalmente con el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU), que comienza a pagarse a los 65 años, y con los incentivos contemplados en la reforma previsional aprobada en enero, que promueven retrasar el retiro mediante beneficios adicionales.
Expertas como Paula Benavides, académica de la Pontificia Universidad Católica, destacan que aunque existen incentivos para que las mujeres posterguen su jubilación —como un beneficio adicional por cada año cotizado y una compensación por expectativa de vida— estos pueden ser limitados para muchas debido al monto mínimo establecido y al requisito de participación en el mercado laboral formal. Asimismo, Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de los Andes, señala que factores como el envejecimiento poblacional y cambios en la composición laboral también influyen en esta tendencia.
Soledad Hormazábal, economista de Horizontal, enfatiza que el diseño del sistema busca incentivar a las mujeres a retrasar su jubilación para mejorar sus pensiones autofinanciadas y aprovechar plenamente los beneficios solidarios. Frente al envejecimiento acelerado y las brechas previsionales existentes, las especialistas coinciden en que es fundamental fortalecer políticas públicas que mejoren la empleabilidad y participación laboral de adultos mayores para garantizar su bienestar integral.