Oposición presenta requerimiento ante Tricel para destituir a Claudio Orrego por uso indebido de fondos públicos
La oposición integrada por la UDI y el Partido Republicano presentó este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) solicitando la destitución inmediata del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín. La acción se fundamenta en presuntas causales graves que incluyen abandono de deberes y violaciones al principio de probidad administrativa.
El documento, que supera las 180 páginas, fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y figura técnica del partido. En él se detallan múltiples hechos que evidenciarían un uso sistemático y estructural de fondos públicos para favorecer la campaña personal del gobernador.
Uno de los puntos centrales del requerimiento se basa en el Informe Final N° 873/2024 emitido por la Contraloría General de la República. Este organismo detectó que el Gobierno Regional contrató directamente a una consultora para realizar un supuesto “coaching directivo” por un monto de $31 millones, cuyo verdadero propósito habría sido diseñar estrategias electorales para la reelección de Orrego. Entre los temas abordados en estas sesiones figuraron manejo de crisis mediáticas en periodo electoral, segmentación del voto joven y posicionamiento presidencial, lo que llevó a la Contraloría a calificar esta contratación como una infracción directa a la prescindencia política y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Además, el escrito denuncia que Orrego utilizó las redes sociales oficiales del Gobierno Regional para potenciar su cuenta personal, lo que fue definido como apropiación indebida de bienes públicos con fines políticos particulares. Se cita como ejemplo un concurso vinculado a la mascota “Fiu” de los Panamericanos donde se incentivaba seguir su perfil personal. También se señala una marcada personalización en la comunicación institucional, con predominio de su imagen y nombre en numerosas notas de prensa.
Durante octubre de 2024, cuando Orrego tenía permiso legal para hacer campaña, su reemplazo subrogante realizó diversas actividades públicas mencionando reiteradamente al gobernador como líder regional, lo que según los denunciantes formaría parte de una estrategia para mantener activa su imagen electoral con recursos oficiales.
El requerimiento sostiene que estas conductas no son incidentes aislados sino parte de una operación política planificada desde enero de 2024, utilizando recursos humanos, financieros y comunicacionales públicos para consolidar su candidatura. Se invocan normas legales específicas para solicitar al Tricel la cesación en el cargo por vulneración a principios esenciales de la función pública.
Esta ofensiva judicial se produce en un contexto político sensible donde Orrego mantiene alta visibilidad pública y es mencionado como posible candidato presidencial para 2025. La presentación busca no solo sancionar posibles ilegalidades sino también limitar su proyección política. El proceso ya fue declarado admisible y se espera que marque un precedente importante en el ámbito de los gobiernos regionales electos por voto popular.