Parlamentarios y expertos cuestionan financiamiento propuesto para sala cuna: lo califican de insuficiente
El gobierno ha puesto como prioridad aprobar una nueva legislación sobre beneficios de sala cuna para trabajadores, ingresando una indicación sustitutiva al proyecto vigente en el Congreso. La propuesta busca equiparar el derecho a sala cuna para hombres y mujeres, desvinculando su financiamiento directo de la contratación femenina y estableciendo un pago indirecto a través de una cotización obligatoria del empleador.
El nuevo sistema contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna financiado con una cotización del 0,2% sobre las remuneraciones imponibles de trabajadores del sector privado, empresas públicas y trabajadores independientes. El aporte máximo será de 4,11 UTM (aproximadamente $282.785 mensuales) por cada niño menor de dos años inscrito en salas cunas con reconocimiento estatal. Según el proyecto, entre un 60% y 75% de los recursos provendrían de esta cotización y el resto sería aportado por el Estado.
Sin embargo, parlamentarios como el senador Gastón Saavedra (PS) reconocen diferencias en cuanto al financiamiento y montos propuestos, aunque confían en llegar a consensos para avanzar con la iniciativa que consideran clave para reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres. Por su parte, desde la oposición, el senador José García Ruminot (RN) señala que los valores estimados son insuficientes y que es necesario afinar los números para garantizar la universalidad del beneficio.
Expertos y organizaciones sociales también han manifestado preocupación por la brecha entre el monto fijado y el costo real de las salas cunas, que ronda los $480.000 mensuales. Francisca Junemann, presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres, advierte que esta diferencia podría recaer en las empresas y afectar la contratación de madres y padres con hijos pequeños. Por ello, proponen que el monto transferido se ajuste anualmente según criterios técnicos definidos por autoridades competentes para asegurar la sustentabilidad del fondo.
En paralelo, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) ha sugerido utilizar parte del seguro de cesantía para financiar este beneficio, argumentando que aumentar costos laborales mediante nuevas cotizaciones es inviable. LyD plantea además un sistema de copago según ingresos familiares para focalizar recursos públicos hacia quienes más lo necesitan. La Sofofa también ha recomendado explorar esta vía junto con reformas en otros seguros sociales o subsidios similares a modelos internacionales.