Pesca, minería y agricultura lideran uso de la Ley de I+D en Chile durante 2024
El Gobierno chileno decidió extender hasta diciembre de 2035 la vigencia de la Ley 20.241, conocida como Ley I+D, que ofrece incentivos tributarios para fomentar la inversión en investigación y desarrollo dentro de las empresas. Esta normativa permite deducir un 35% de los gastos en I+D directamente del impuesto de primera categoría, mientras que el restante 65% puede considerarse como gasto necesario para generar renta.
Durante 2024, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) certificó un total de 88 proyectos provenientes de 65 empresas, alcanzando una inversión certificada cercana a los $83 mil millones. Aunque este monto representa un aumento en número de proyectos y empresas respecto al año anterior, muestra una caída significativa en comparación con 2023, año récord en montos certificados con más de $313 mil millones.
Los sectores que más aprovecharon este beneficio fueron pesca y acuicultura con 14 proyectos y más de $24 mil millones certificados; minería y metalurgia extractiva con 18 proyectos por casi $15 mil millones; agricultura con ocho proyectos y cerca de $12 mil millones; salud y farmacéutica con cinco proyectos por casi $9 mil millones; y energía con siete proyectos que sumaron alrededor de $4.7 mil millones.
La gerenta de Innovación de Corfo, Jocelyn Olivari, destacó el crecimiento del uso del incentivo en regiones como Los Lagos, donde la salmonicultura impulsa la inversión en I+D. También resaltó la aparición de empresas tecnológicas como NTT Data y Telefónica vinculadas al auge de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, cuyo uso en proyectos ha aumentado del 7% al 30% en los últimos cinco años. Asimismo, subrayó el incremento en participación e intensidad de inversión en I+D por parte de micro, pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, Olivari señaló que muchas compañías que desarrollan actividades innovadoras no aprovechan el beneficio tributario, lo que representa una oportunidad perdida para reducir su carga fiscal y potenciar la inversión nacional en investigación aplicada. La extensión de la ley refleja el compromiso estatal por fortalecer el vínculo entre conocimiento e industria para diversificar y sofisticar la economía chilena.