Planned Parenthood obtiene una victoria parcial en su batalla legal contra recortes de fondos del gobierno de Trump
En Boston, un tribunal federal concedió una medida cautelar que impide, por ahora, que el gobierno de Estados Unidos suspenda los pagos de Medicaid a las organizaciones miembros de Planned Parenthood que no ofrecen servicios de aborto o que no alcanzaron un umbral específico de reembolsos en un año. Esta decisión representa una victoria parcial para Planned Parenthood en su disputa legal contra una disposición incluida en la ley fiscal emblemática del expresidente Donald Trump.
Dicha disposición establece la suspensión por un año de los pagos de Medicaid a proveedores de aborto que recibieron más de 800 mil dólares en 2023, afectando también a clínicas que ofrecen servicios adicionales como anticonceptivos o pruebas para enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, el juez Indira Talwani dictaminó que esta suspensión no puede aplicarse a ciertos centros mientras se resuelve el litigio.
Planned Parenthood expresó su agradecimiento por el reconocimiento judicial del daño potencial que causaría esta medida, aunque lamentó que algunos miembros aún puedan perder financiamiento, lo cual podría generar desorden y afectar la atención médica reproductiva vital para los pacientes. La organización advirtió sobre una posible crisis sanitaria pública si se permite la desfinanciación completa.
La demanda fue presentada contra el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y argumenta que la aplicación del recorte provocaría consecuencias graves a nivel nacional, incluyendo aumentos en enfermedades no diagnosticadas y cánceres no tratados. Por su parte, el gobierno defendió el recorte como una acción legítima para detener subsidios federales a lo que denominan “Gran Aborto”, respaldada por los mandatos electorales y la voluntad popular.