Polémica en Ucrania por redadas y reformas que limitan independencia de oficina anticorrupción
En Ucrania, dos temas han acaparado la atención pública en los últimos días: una reestructuración gubernamental impulsada por el presidente Volodímir Zelenski y una serie de intervenciones del Servicio de Seguridad y la Fiscalía contra funcionarios de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU). Estas medidas han provocado acusaciones sin precedentes sobre un posible autoritarismo en el liderazgo ucraniano.
El lunes, mientras Zelenski instruía a sus diplomáticos y al nuevo ministro de Defensa, Denís Shmigal, para fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación militar, el servicio secreto realizó múltiples redadas contra empleados de la NABU. La operación buscaba desarticular presuntas influencias rusas dentro de esta agencia creada hace más de diez años para combatir la corrupción y garantizar confianza a los socios occidentales. Sin embargo, estas acciones fueron interpretadas por organizaciones civiles y aliados internacionales como un ataque a la independencia institucional.
Además, el Parlamento ucraniano aprobó una ley que reduce la autonomía tanto de la NABU como de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), otorgando mayor control al fiscal general designado por la oficina presidencial. Esta norma fue respaldada por el partido de Zelenski y ha sido criticada por especialistas y ONGs que consideran que debilita los mecanismos de control al Ejecutivo, afectando gravemente la capacidad investigativa contra posibles actos de corrupción en el círculo cercano al presidente.
Organizaciones como el Centro contra la Corrupción han denunciado estos hechos como parte de un proceso para silenciar voces críticas y desmantelar instituciones clave para la transparencia. La comunidad internacional, incluyendo al G7 y a representantes de la Unión Europea, ha expresado preocupación por estas medidas, subrayando la importancia de preservar las reformas democráticas en medio del conflicto bélico que enfrenta Ucrania.