Presidente Boric ordena a la FACh entregar información a Fiscalía sobre funcionarios vinculados a narcotráfico
Desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el presidente Gabriel Boric instruyó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a entregar toda la información relacionada con los funcionarios detenidos por presunto tráfico de drogas. Esta medida se enmarca en el cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal para que la Fiscalía de Tarapacá pueda disponer de los antecedentes solicitados.
La decisión presidencial se comunicó luego de una reunión con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto ocurre tras la negativa inicial de la FACh a remitir los documentos solicitados por la Fiscalía, lo que motivó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Iquique.
A pesar del interés público y las consultas realizadas por medios como Radio Bío Bío, la FACh ha mantenido un estricto silencio respecto a detalles del caso, incluyendo la identidad de los involucrados, el tipo de droga detectada y las acciones internas adoptadas. La investigación está siendo manejada con reserva por la Fiscalía de Aviación sin intervención directa del Ministerio Público, pese a que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley 20.000.
Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, enfatizó que contar con información completa es fundamental para determinar la competencia judicial adecuada, ya que hasta ahora solo se cuenta con datos limitados divulgados por la institución castrense.
Este caso se suma a otro operativo reciente en el que seis efectivos del Ejército fueron arrestados por su vinculación con una red dedicada al transporte ilegal de drogas desde el norte hacia la región Metropolitana. En ese procedimiento se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base, con un valor aproximado de tres mil millones de pesos.
Según las investigaciones gubernamentales, los denominados “narcomilitares” utilizaban vehículos similares a los oficiales para evitar sospechas en controles policiales y operaban durante días libres o feriados, aprovechando contactos e instalaciones militares para resguardar temporalmente las sustancias ilícitas. Aunque no hay pruebas concluyentes sobre el uso directo de recintos militares para almacenar droga o vehículos, esta línea sigue siendo objeto de investigación.