Protestas en Ucrania contra ley que debilita agencias anticorrupción clave
En Kiev, miles de ciudadanos ucranianos salieron a las calles para manifestar su rechazo a una ley recientemente aprobada que pone bajo la autoridad del fiscal general a dos organismos fundamentales en la lucha contra la corrupción: la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Esta medida ha generado inquietud por el posible debilitamiento de la independencia de estas entidades, consideradas esenciales para controlar el poder y combatir prácticas corruptas.
El presidente Volodymyr Zelenskyy defendió la reforma argumentando que es necesaria para eliminar influencias rusas dentro del sistema anticorrupción, aunque no presentó pruebas concretas al respecto. La nueva normativa fue promulgada tras su aprobación parlamentaria, en medio de protestas masivas que reflejan el descontento ciudadano y marcan la primera gran fractura social significativa desde el inicio de la invasión rusa.
Las agencias afectadas advirtieron que con esta ley perderán autonomía y que sus funciones podrían quedar subordinadas al fiscal general, quien es designado por el presidente. La NABU investiga casos de corrupción entre altos funcionarios, mientras que SAPO supervisa esas investigaciones y lleva adelante los procesos judiciales. La crítica principal es que esta centralización podría favorecer intereses políticos y limitar la transparencia.
La controversia se produce en un contexto delicado, ya que Ucrania depende del apoyo internacional para enfrentar la guerra y avanzar hacia su integración europea. Organizaciones como Transparencia Internacional y representantes de la Unión Europea han expresado preocupación por esta reforma, señalando que representa un retroceso en las reformas anticorrupción iniciadas tras la revolución de 2014. El debate continúa mientras el gobierno promete mejorar la eficacia y justicia del sistema anticorrupción.