Proyectos de ley populares reaparecen como herramienta electoral en vísperas de elecciones en Chile
El pasado 15 de julio, el oficialismo consiguió la aprobación en general en las comisiones de Trabajo y Economía de dos proyectos clave: uno que elimina el tope a la indemnización por años de servicio y otro que pone fin al uso de la Unidad de Fomento (UF) como índice de reajuste. Estas medidas, presentadas entre marzo y mayo, generaron reacciones adversas en la oposición y preocupación en sectores empresariales, especialmente por las implicancias económicas del fin de la UF.
La votación se realizó con ausencia significativa de miembros opositores, y solo un diputado oficialista rechazó o se abstuvo. Este escenario coincide con la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales fijadas para noviembre, evocando prácticas previas donde proyectos populares, como los retiros anticipados desde las AFP, se utilizaron con fines electorales.
Expertos como Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), critican esta tendencia a impulsar iniciativas con escasa base técnica pero alto impacto mediático, calificándolas como “fuegos artificiales” que suelen extinguirse rápidamente. Propone una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que permita coordinar entre Ejecutivo y Parlamento qué proyectos avanzar en periodos electorales para evitar su uso meramente electoralista.
Desde el análisis político, Patricio Gajardo explica que estos proyectos funcionan como “armas electorales”, apelando a emociones más que a razones en un contexto de desideologización política. Por su parte, Francisco Javier Leturia, también ex presidente del CPLT y académico, señala que esta práctica no es exclusiva de Chile y ha involucrado desde juicios infundados hasta leyes potencialmente dañinas para el país.