Tensión entre Fiscalía y Gobierno por cifras sobre secuestros en la Región Metropolitana
El reciente secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido entre el jueves 26 y la madrugada del domingo 29 de junio, ha puesto en evidencia un preocupante incremento en este tipo de delitos vinculados al crimen organizado. Aunque las investigaciones continúan por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), el caso ha servido para ilustrar las nuevas modalidades empleadas por las redes criminales.
Tras la liberación de Montoya, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, informó que durante el primer semestre de 2025 los secuestros relacionados con el crimen organizado aumentaron un 28% en la Región Metropolitana. Además, señaló que estos delitos pasaron de representar el 20% al 40% de los casos ECOH en esta zona, mientras que los homicidios ligados a estas organizaciones bajaron del 80% al 60%. Barros advirtió que esta evolución rápida del delito afecta especialmente a sectores vulnerables, como consumidores de prostitución.
Sin embargo, desde el Ejecutivo surgieron discrepancias respecto a estas cifras. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó que a nivel nacional los datos muestran una reducción en secuestros durante el primer semestre de 2025 comparado con el año anterior. Subrayó que las estadísticas presentadas por Barros corresponden exclusivamente a la Región Metropolitana y advirtió que habrá que esperar los informes consolidados para realizar un análisis completo y definir posibles medidas.
Además, tras la difusión del balance del fiscal Barros, La Moneda estableció contacto con la Fiscalía Nacional para solicitar información sobre el reporte general y coordinar precisiones. Fuentes internas señalaron que solo el fiscal regional y su equipo conocían los detalles entregados públicamente, lo que generó sorpresa dentro del Ministerio Público. Aunque reconocen la complejidad en la capital, sostienen que aún no hay datos definitivos para validar plenamente las cifras regionales. En este contexto, varias autoridades judiciales respaldaron la postura del ministro Cordero frente a la controversia.