PUNTOUNO

Una jueza del sur de California dictaminó que la Administración de Donald Trump debe cesar las redadas migratorias que detienen a personas basándose en características como el color de piel, el idioma que hablan o el tipo de empleo. La resolución también obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a permitir el acceso de abogados a los migrantes detenidos en un centro federal ubicado en Los Ángeles.

La magistrada Maame Frimpong emitió esta orden tras una demanda presentada por afectados y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes denunciaron múltiples violaciones constitucionales y prácticas discriminatorias en los operativos. Por su parte, el DHS rechazó las acusaciones calificándolas como “repugnantes y categóricamente falsas”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que representa a los demandantes, señaló que la medida judicial prohíbe detener a personas sin sospechas razonables y excluye criterios discriminatorios como la raza, etnia, acento al hablar español o inglés, tipo de trabajo y presencia en ciertos lugares públicos. Además, se ordenó garantizar la asistencia legal durante toda la semana, incluyendo fines de semana y feriados, para quienes estén recluidos en el edificio B-18 del centro de Los Ángeles.

Estas redadas comenzaron hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles y provocaron rechazo social y enfrentamientos con agentes federales. La demanda se originó tras incidentes violentos registrados el 22 de junio, cuando hombres encapuchados detuvieron con fuerza excesiva a varios trabajadores. Testimonios familiares indicaron que los arrestos se realizaron bajo perfil racial y sin comunicación adecuada con los detenidos.

Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, afirmó que “independientemente del color de piel, idioma o lugar de trabajo, todas las personas tienen derechos constitucionales que protegen contra detenciones ilegales”.