Universidades mantienen críticas al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior pese a indicaciones del Gobierno
Esta semana, el Gobierno entregó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una serie de indicaciones al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), en respuesta a las observaciones realizadas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). El Ejecutivo defendió los ajustes argumentando que mejoran la sensibilidad del instrumento hacia las condiciones de vida de los estudiantes y garantizan la responsabilidad fiscal.
Entre las modificaciones destacan la incorporación de flexibilidad para que los beneficiarios puedan elegir el porcentaje del arancel regulado que desean financiar mediante el FES, con opciones del 100%, 75% o 50%, lo que impacta directamente en la obligación de retribución. Además, se estableció un tope en el monto total a pagar para evitar que los estudiantes terminen abonando varias veces el valor original de su carrera. También se fijaron 80.000 cupos para quienes accedan por primera vez al beneficio, superando la demanda actual y asegurando un resguardo fiscal ante posibles contingencias.
No obstante, estas propuestas no lograron satisfacer plenamente a las universidades. Representantes del Cruch manifestaron que no se abordaron aspectos fundamentales como la reposición del copago para estudiantes pertenecientes a los deciles 7, 8 y 9, cuyos aportes son considerados esenciales para la sustentabilidad financiera institucional. Además, expresaron preocupación por la ausencia de garantías claras sobre las transferencias estatales futuras.
La vicerrectora económica de la Universidad Católica, María Fernanda Vicuña, señaló que las indicaciones no contemplan los costos adicionales derivados de demoras en la titulación ni reflejan adecuadamente los costos reales de las carreras. Por su parte, rectores como Federico Valdés (Universidad del Desarrollo) y José Antonio Guzmán (Universidad de los Andes) criticaron que el FES continúe siendo un impuesto encubierto que afecta tanto a las instituciones como al fisco. En contraste, Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, valoró positivamente algunos ajustes que benefician directamente a los estudiantes, aunque enfatizó en la necesidad de introducir mejoras que aseguren el desarrollo institucional.